Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

Ramón Muñoz Madrid 15 SEP 2011 – 21:10 CET

Imaginen que se juntan en una cena el banquero Emilio Botín, el dueño de Zara, Amancio Ortega, y la duquesa de Alba y deciden convocar a sus pares, las mayores fortunas de España, para presentarles una propuesta singular: dirigirse al unísono al Gobierno para pedirle que les suba los impuestos y ayudar así al país a salir de la crisis. Esta fábula del mundo al revés no ha sucedido en España, ni tiene visos de que ocurra, pero no es una licencia literaria: multimillonarios franceses, alemanes y estadounidenses han entendido que el patriotismo en momentos de recesión pasa por que paguen más los que más tienen y han reclamado a los políticos un aumento de la fiscalidad.

Y algunos Gobiernos han recogido el guante. En Francia, Alemania, Italia, Irlanda y EE UU ya están preparando reformas para elevar la presión fiscal a los que más ganan o imponer impuestos especiales a las grandes fortunas. Curiosamente, muchos de esos Gobiernos tienen color conservador. Otros Ejecutivos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, que se definen de izquierdas, han desistido de aplicar estas recetas, y optaron por subidas fiscales indiscriminadas a través de impuestos indirectos como el IVA, como vía para aumentar la recaudación.

Esa política está siendo cuestionada desde las propias filas socialistas. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, promete llevar en el programa electoral un impuesto especial de fortunas, y ha forzado a que el Gobierno rescate el impuesto del patrimonio como reclamo a dos meses de las elecciones. El PP cree que con esas recetas solo se conseguirá más paro y no apoya ningún impuesto para ricos.

Economistas, politólogos, sociólogos y expertos en general no se ponen de acuerdo en la justificación de ese ansia solidaria de los más poderosos. Algunos apuntan a que detrás de esa petición de que les suban los impuestos hay un mero efecto cosmético de cara a mejorar su imagen ante la opinión pública, que contempla impotente como recaen, una tras otra, todas las plagas de la crisis (paro, desahucios, encarecimiento de servicios esenciales…) mientras una casta privilegiada sigue cobrando sueldos y bonus estratosféricos o incluso se beneficia de las ayudas públicas.

“Nuestros ricos no son solo menos solidarios, aunque solo fuera por un sentido de la estética de la justicia, sino que posiblemente tienen más cosas que esconder. Aquí la ciudadanía se conformaría no con que se les gravara más sino con que declararan lo que les corresponde”, dice Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

El fogonazo de los plutócratas lo daba el multimillonario estadounidense Warren Buffett, reclamando más impuestos para él y los suyos. “Los ricos siempre van a decirnos: dadnos más dinero y gastaremos más y todo esto repercutirá para bien en todos vosotros. Pero esto no ha funcionado en los últimos 10 años, y espero que los estadounidenses se hayan dado cuenta”.

La revista Forbes, en su última lista de 1.210 multimillonarios correspondiente a 2010, incluye 15 fortunas españolas. En conjunto suman 63.000 millones de dólares (unos 45.300 millones de euros). Ninguno de ellos ha manifestado públicamente su disposición a pagar más al Estado.

El gesto más audaz ha sido el de Rosalía Mera, dueña del 6,9% de Inditex (Zara), que dijo comprender las razones de la protesta de los indignados del 15-M. El Consejo Empresarial para la Competitividad, que reúne a los gestores de grandes empresas (César Alierta, Isidro Fainé, Emilio Botín, José Manuel Entrecanales, Isak Andic, Isidoro Álvarez, Leopoldo Rodés, Simón Pedro Barceló, etcétera), ni siquiera ha incluido el tema en el orden del día de sus discusiones, aunque sí ha aplaudido otras decisiones como imponer un límite de gasto en la Constitución.

“El tema de una tributación especial para ricos esconde otro debate más profundo, que es el nivel de la presión fiscal que es necesario tener para gozar de los servicios públicos de calidad como los de Alemania u Holanda, por ejemplo. España siempre ha sido un país con un gran fraude y una presión fiscal baja. Y eso da una sensación de que el grueso de la carga cae sobre la clase media, que está injustamente distribuida, y que los más ricos poseen mecanismos de evasión a su alcance”, afirma Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB.

Algunos ricos nacionales no solo no piden pagar más sino que intentan evadir sus obligaciones fiscales. En mayo de 2010, las autoridades francesas informaron de que 3.000 fortunas españolas estaban en la lista de personas con cuentas secretas en Suiza que había filtrado Hervé Falciani, un empleado despechado del banco suizo HSBC. Entre ellas aparecía Emilio Botín, presidente del Banco Santander, su hermano Jaime Botín, y los cinco hijos que tienen cada uno de ellos. A petición de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de las declaraciones de entre 2005 y 2009 de los bienes no declarados y abonaron 200 millones de euros. No obstante, la Audiencia Nacional tramita una denuncia por la presunta comisión de delitos de fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En España, el problema no es tanto que los ricos paguen poco, sino que oficialmente casi no hay ricos. Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria con el balance de la Declaración del IRPF de 2009, únicamente 6.829 contribuyentes declararon ganar más de 601.000 euros (tramo superior) ese año, lo que supone solo un 0,035% del total de declaraciones (19.315.353). Una cifra tan baja de sueldos millonarios es poco creíble si se compara con otros estudios y estadísticas. Baste decir que solo el número de miembros de la alta dirección de las 35 compañías del Ibex ascendía a 513 y su retribución media fue de 754.000 euros.

La edición del Informe sobre la Riqueza en el Mundo de 2009, que elaboran cada año Merrill y Capgemini, reveló que el número de particulares con patrimonios elevados en España, entendidos por tales a los que poseen más de un millón de dólares (700.000 euros) en activos líquidos (excluyendo primera vivienda y consumibles) era de 143.000 en 2009, un 12,5% más que el año anterior. De hecho, el informe reconoce que España es el duodécimo país del mundo con más “individuos de valor neto elevado” (High Net Worth Individuals). ¿Dónde se esconden estos potentados? ¿Dónde están los 134.000 ricos que faltan si se compara ese estudio con los datos de la Agencia Tributaria?

La respuesta es doble: los ricos españoles gozan de facilidades para esconder su riqueza al fisco (en algunos casos incurriendo en fraude), y los que no lo hacen buscan fórmulas mucho más ventajosas de tributación que el IRPF que rige para el común de los contribuyentes y asalariados, bien creando sociedades que gestionen su patrimonio o a través de las Sicav, unos vehículos de inversión que emplean casi todas las grandes fortunas españolas para agrupar sus inversiones.

Elijan el instrumento que elijan, los sucesivos Gobiernos de PP y PSOE han coincidido en rebajarles la carga fiscal a los ricos con deducciones, bonificaciones y excepciones. Así, el gravamen del IRPF para las rentas más altas es del 45%, aunque el tipo efectivo, lo que realmente pagan sobre su renta, es del 30,8%, desde el más del 40% que pagaban una década atrás. Por su parte, el tipo medio del Impuesto sobre Sociedades para el conjunto de las empresas ha disminuido desde 2004 del 32,3% al 28%, mientras que el tipo efectivo descendió aún más, hasta un 5,3%, todo ello debido a los cambios introducidos en las bonificaciones y deducciones.

Con todo, las más ventajosas para los millonarios son las Sicav, sociedades compuestas en teoría por 100 o más partícipes que tributan a un 1% por el Impuesto de Sociedades, frente al tipo general del 30%. Su funcionamiento puede levantar ampollas en el contribuyente medio. Y es que si un particular gana un buen sueldo puede pagar hasta un 45% vía IRPF; si un empresario tiene éxito en su negocio productivo abonará entre un 25% y un 30% de lo que gane; pero si una gran fortuna se dedica a invertir en Bolsa a través de las Sicav sólo tributará un 1%

Cuando venden su participación en la Sicav, en todo o en parte, teóricamente deben tributar al 21% como una renta de capital, pero buscaron también un mecanismo de evadir ese pago ya que muchas retiradas de dinero se disfrazaban bajo la fórmula de reducciones de capital con devolución de aportaciones.

“La regulación de las Sicav no tiene ninguna malicia cuando funcionan como un fondo de inversión. Ahora empiezan a no ser equitativas cuando son manejadas por una sola persona, de forma que logra diferir la tributación que debería pagar si fuera un particular”, indica Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales.

El argumento que se dio para esta discriminación cuando se crearon en 1983, en el primer Gobierno de Felipe González (aunque quedaron reguladas definitivamente en 2003 bajo el mandato de José María Aznar), era evitar la fuga de capitales. Es decir, hay que tratar bien a los que más tienen para evitar que se vayan.

“Si eres un deportista de élite es fácil residir y tributar en cualquier lado. Pero si eres un empresario y tienes el núcleo de tu negocio en tu país es mucho más complicado”, precisa Del Amo. En otros países no están de acuerdo con esa filosofía y creen que los efectos de la recesión deben recaer también sobre las espaldas de los poderosos.

Francia acaba de aprobar un impuesto especial que grava las rentas que superen los 500.000 euros; Italia fijará un nuevo impuesto del 3% a los contribuyentes con ingresos superiores a los 300.000 euros anuales; Barack Obama pretende eliminar las exenciones fiscales de las que gozan los que ganan más de 250.000 dólares (unos 180.000 euros) en Estados Unidos; y Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con Suiza para que los británicos con cuentas en el país helvético paguen impuestos en el Reino Unido a partir de 2013.

El presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha pedido al Gobierno de Silvio Berlusconi que no cargue con más impuestos a los que ganan 4.000 euros al mes y, en su lugar, le propone un impuesto extraordinario del 0,5% sobre los patrimonios de más de 10 millones. Dieciséis de las mayores fortunas de Francia pedían un tributo especial para “preservar un modelo francés y de un entorno europeo de los que nos hemos beneficiado”.

En España, Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE, decía recientemente: “No es momento de la queja constante, sino del sacrifico constante”. Pero se refería a los funcionarios.

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Gestha, 15/09

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado hoy su apoyo a la restauración del Impuesto de Patrimonio para fortunas superiores a los 700.000 euros, ya que a su juicio se trata de un tributo “justo y equitativo” gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, “que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales”.

En este sentido, el colectivo hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que no apliquen bonificaciones al pago de este impuesto durante su tiempo de vigencia, ya que de hacerlo no sólo renunciarían a unos ingresos “vitales” para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes.

Según las estimaciones realizadas por Gestha a partir de los datos del ejercicio 2007 –último en que estuvo vigente el Impuesto de Patrimonio–, cerca de una tercera parte de los 1.080 millones de euros que el Ejecutivo espera recaudar con esta medida corresponderían a la Comunidad de Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100% fue aprobada al comienzo de la legislatura. A continuación figuran Cataluña, con 271 millones, y la Comunidad Valenciana (109 millones).

De no aplicarse un criterio uniforme en el ámbito nacional, Gestha alerta de que podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades autónomas que eximan de su pago.

NO ALENTARÁ LA FUGA DE CAPITALES.

Por el contrario, el colectivo considera que la restauración del impuesto no alentará una fuga de capitales al exterior, ya que a este gravamen se debe contribuir por la fortuna mundial, es decir, tanto la situada en España como la del extranjero.

Tal y como muestra la estimación ofrecida por el Gobierno, la recaudación prevista por la reinstauración del Impuesto de Patrimonio es significativamente inferior a la registrada durante el último año de vigencia de este gravamen.

Para compensar esta caída recaudatoria, los técnicos de Hacienda proponen aumentar la tarifa progresiva para, al menos, mantener la recaudación individual obtenida en el ejercicio 2007. Asimismo, consideran indispensable un aumento del control sobre el fraude y la elusión de este impuesto, que en 2007 cometieron casi 20.000 personas con patrimonios de entre 1 y 10 millones de euros, y otros casi 4.000 ciudadanos cuya fortuna individual superaba esta cifra.

Ante esta situación, el colectivo aboga por cerrar todas las posibles vías para eludir el pago de este impuesto, como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), las sociedades patrimoniales o las instrumentales.

Por último, Gestha saluda la restauración del Impuesto de Patrimonio porque afectará principalmente a las grandes fortunas, siendo éstas precisamente quienes acaparan, junto a las grandes empresas, casi el 72% de la evasión fiscal total, unos 42.700 millones de euros anuales, según cálculos de este colectivo.

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DF-Directa | El frau fiscal empresarial, per la via dels paradisos fiscals, el blanqueig de capitals i l’enginyeria comptable, duplica, només en un any, el valor de les retallades antisocials previstes fins l’any 2013. Mentre el govern de CiU ha dedicat bona part de l’estiu a estendre l’ombra maldestra de la sospita generalitzada sobre la pobresa i ha fet passar un agost impossible, el frau fiscal a gran escala de les grans fortunes i les grans empreses continua impunement: a un ritme de 60.000 milions d’euros anuals. Una xifra superior al volum de les retallades socials imposades per Zapatero per a tot el període 2010-2013: 50.000 milions.

Segons dades de GESTHA, organisme dels càrrecs tècnics i inspectors d’Hisenda, només durant el 2010, les grans fortunes i les grans empreses espanyoles van evadir 42.771 milions d’euros, un 71% del total del frau fiscal estimat. La petita i mitjana empresa hauria defraudat 16.261 milions; el frau de particulars es limitaria a 1.543 milions d’euros. L’altra gran bossa de frau, el frau laboral amb la Seguretat Social vinculat a l’economia submergida, ascendiria a 30.000 milions d’euros. Resultat: un total evadit de 90.000 euros anuals. A Catalunya, segons fonts sindicals, aquest frau fiscal empresarial s’eleva fins als 16.000 milions d’euros. Aquesta xifra quintuplica les pitjors retallades socials des de la fi de la dictadura, avui aprovades per l’executiu convergent d’Artur Mas: 2.700 milions d’euros, i s’apropa al volum de l’espoli fiscal que acumula Catalunya, quantificat en 22.000 milions d’euros per l’espai sobiranista català.

L’estafa no és pas nova, però GESTHA denuncia que “s’està perdent la batalla contra el frau fiscal amb una estratègia clarament equivocada”, una legislació laxa i una política governamental que fa anys que posa la lupa “sobre les rendes del treball, dels autònoms i de les microempreses en lloc de perseguir les grans bosses de frau”, alenades per les grans fortunes i les grans empreses, principals responsables d’un frau massiu del qual hi ha símptomes prou rellevants. Segons dades oficials, a l’Estat espanyol, hi ha 3.299 persones que disposen d’un patrimoni superior als deu milions d’euros. Només 729 persones van declarar tenir un patrimoni superior a aquella xifra.

Paradoxes salarials
El mateix informe recull una altra paradoxa sublim. A l’Estat espanyol, l’empresariat declara una renda mitjana anual ingressada d’entre 5.646 euros i 6.346, inferior a la de la gent assalariada. Spanish is different, com ha recordat recentment el catedràtic Vicenç Navarro: “És l’únic Estat on els empresaris i els professionals declaren que cobren menys que els treballadors”. A Catalunya, aquest diferencial encara puja més: atenent les declaracions, els treballadors guanyen cada any 8.765 euros anuals més que l’empresariat i les professionals liberals. Potser cal trobar la diferència real en l’economia submergida i l’enginyeria del frau, que avui representa un 23% del PIB espanyol (la mitjana europea llinda el 10%). Fet i fet, a hores d’ara, l’Estat espanyol continua sent l’indret de la Unió Europea on circulen més els bitllets de 500 (el 20% del total) i de 200 euros.

També cal tenir en compte que l’Estat espanyol és el país membre de l’OCDE que gasta menys en recaptació d’impostos i que destina menys recursos a la investigació del frau fiscal. La falta de mitjans, la nul•la prioritat del combat contra el frau i la manca de voluntat política fan la resta, acompanyades de mil i un paranys jurídics i legals i una legislació laxa. En aquest sentit, GETHSA també apunta que Hisenda ha cancel•lat el cobrament de 8.240 milions per proscripció i que encara té 26.600 milions d’euros pendents de cobrar.

Però, mentre els discursos teledirigits contra els sectors més vulnerables han estat generalitzats i les mesures aplicades han estat indiscriminades (per exemple, canviant el mètode de cobrament del PIRMI), les polítiques implementades contra un frau fiscal massiu han estat ben minses, escarransides i del tot limitades.

D’empresaris a esportistes
Dels casos de frau fiscal més recents, podríem esmentar el del pilot de motos Sete Gibernau (2,8 milions evadits a Suïssa), el del directiu de RBA Ricardo Rodrigo (2,3 milions, també enviats al país helvètic) o el de la nissaga Carulla. La nissaga propietària d’Agroalimen, la primera indústria alimentària catalana, està sent investigada per evasió continuada, a través de societats instrumentals, durant els darrers cinc anys. El frau podria arribar als 180 milions d’euros, que van ser enviats a les Antilles Holandeses per constituir dues societats, que van ser recomprades per dues mercantils amb seu a Costa Rica i l’Uruguai i vinculades als sis germans Carulla.

No són pas els únics. Demetrio Carceller, propietari indiscutit de Cerveses Damm SA, també està imputat per un frau fiscal continuat durant els darrers quinze anys i per un valor que ascendiria als 500 milions d’euros. Carceller s’hauria empadronat falsament a Portugal per beneficiar-se d’una política fiscal que grava menys les grans fortunes, però la legislació espanyola obliga a demostrar que hi resideixes almenys 183 dies l’any per poder triar sota quina administració vols declarar.

Els paradisos fiscals –més de 100 arreu del món– són una peça clau en l’evasió fiscal i, en el cas català, Andorra hi juga un paper cabdal, ja que encara manté el secret bancari. El principat té dipositats entre 2.700 i 3.500 milions d’euros de súbdits i súbdites espanyoles. L’any passat, la Guàrdia Civil va decomissar fins a 2’5 milions d’euros –xifra que significava un creixement del 3.000%– que sortien del país.

El recurs al paradís fiscal va acompanyat de la particular proliferació sobtada de nacionalistes. De fet, la tennista Arantxa Sánchez Vicario és fiscalment andorrana, com Montserrat Caballé. El pilot català de Fórmula 1 Pedro Martínez de la Rosa, com l’espanyol Fernando Alonso o el tennista Carlos Moya, són fiscalment suïssos. Àlex Crivillé té la nacionalitat monaguesa. Mentre era jugador del FC Barcelona, Luís Enrique era fiscalment suís i també va ser expedientat l’any 2003 per no haver declarat 600.000 euros. Els diners corresponien a pagaments fets per Nike Europe a la societat Fullforce Sport Limites, controlada pel jugador i amb seu a les Antilles holandeses; també havia evadit 270.000 euros en impostos.

Mereix una menció anecdòtica a banda el cas de Sánchez Vicario. Entestada que José María Aznar assistís a la seva boda, va comunicar a Hisenda, el 2003, que regularitzava la seva situació per garantir l’assistència de l’expresident. Aznar hi va anar, però Sánchez Vicario no va passar comptes –un deute de 3,4 milions d’euros– fins que el Tribunal Suprem no ho va dictaminar, el 2009. L’anècdota està descrita al llibre Estado fiscal y democracia, de l’exdirector de l’Agència Tributària amb el gabinet Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. Al llibre, també descriu com Florentino Pérez, president del Real Madrid, va pressionar Enrique Giménez Reyna –l’aleshores secretari d’Estat d’Hisenda del PP i posteriorment imputat com a cervell de la trama Gescartera– perquè aturés les investigacions sobre futbolistes d’elit, sota l’amenaça d’aturar la Lliga professional. El darrer episodi d’aquesta mena es va viure al Mundial de Sud-àfrica, quan els jugadors de la selecció espanyola van rebre una prima personal de 600.000 euros, que van decidir declarar a Sudàfrica. Allà tributaven al 23% mentre que, a l’Estat espanyol, ho feien al 43%, fet que va suposar un estalvi de 132.000 euros per a cada jugador.

Fraus massius que cauen ràpidament dels titulars, estafes que mai no se sap com acaben i que, sovint, acaben en impunitat i corrupcions sobre les quals es força un oblit ben ràpid. Doble moral, doble economia, doble fiscalitat i una única impunitat. I mentrestant, Felip Puig afirma: “Sense hipocresia”. I prova de barrejar immigració pobra i delinqüència: “hi ha uns col•lectius de procedència determinada que tenen tendència a organitzar-se en determinats àmbits delictius i que s’organitzen en clans”. Si Puig estigués parlant de les elits socials, de les grans fortunes i les grans empreses, tindria tota la raó: el nivell de frau fiscal massiu a Catalunya i a l’Estat espanyol així ho acrediten. Expertes en el frau, sempre són les mateixos: les elits multireincidents.

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Estrella Digital 02/09/2011 | 18:03 h

De todas las excusas que el PSOE ha dado para no elevar los impuestos a los más ricos, tal vez la más indignante sea la que el jueves defendió José Blanco. “No hay tiempo”, aseguró el portavoz del Gobierno y, como premio de consolación, prometió que esta medida irá en el programa socialista. ¿Hay tiempo para reformar la Constitución en dos semanas pero es materialmente imposible aumentar los impuestos para los más ricos? ¿Es ésta una excusa coherente para un partido que lleva casi ocho años en La Moncloa? ¿Cómo es posible que Francia y Portugal –ambos gobernados por la derecha– hayan aprobado impuestos para las rentas más altas y en España un gobierno que dice ser socialista no se haya atrevido a tan razonable medida a pesar de la durísima situación económica?

Mientras media Europa se replantea su modelo fiscal para evitar que la crisis la paguen sólo los más débiles, en España, la tendencia es justo la contraria: no sólo no suben los impuestos para los más ricos, sino que no han parado de bajar, un proceso que se inició con Aznar y que después continuó Zapatero. Hace 20 años, el marginal máximo del IRPF –el tipo para las rentas más altas– era del 65%. Ahora es del 45%.

Sin embargo, el porcentaje que hay que mirar no es el tipo máximo, sino el tipo efectivo: lo que de verdad pagan los más ricos de media, una vez aplicada la letra pequeña: las desgravaciones. Según los datos de la Agencia Tributaria que este lunes recopiló Público, una persona que declarase ganar 30 millones de pesetas al año en 1993 pagó casi la mitad al fisco: el 49,5%. En 2008, una renta equivalente –291.000 euros al año, si corregimos los 30 millones teniendo en cuenta la inflación- pagó sólo el 30,8%: 18 puntos menos. Para una renta altísima –para alguien que en 2008 declarase ganar 600.000 euros al año–, el tipo efectivo en 2008 fue incluso más bajo: el 27,4%.

Pero los porcentajes reales que pagan los ricos sin duda son inferiores porque son muy pocas las grandes fortunas que tributan sus ingresos a través de la declaración de la renta. La mayoría utiliza sociedades patrimoniales o, si son aún más ricos, las SICAV o los paraísos fiscales, donde los impuestos son todavía más bajos o directamente inexistentes.

Uno de los datos económicos más escandalosos del año –que ha pasado bastante desapercibido, a pesar de su gravedad– es que las empresas españolas sólo pagaron en impuestos el 9,9% de sus beneficios en el año 2010. Desde que se registra este porcentaje nunca ha sido tan bajo y el descenso no es exclusivamente achacable a la crisis porque hablamos de un porcentaje sobre los beneficios declarados, no sobre la actividad económica. En 1999, el tipo efectivo era del 22,8%. En teoría, el impuesto de sociedades en España es del 30% (el 25% para las PYMES). Pero en la práctica, las numerosas desgravaciones y las maniobras fiscales de las empresas hacen que el tipo efectivo esté por debajo del nominal de Irlanda que, con un impuesto de sociedades del 12,5%, es considerada un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea.

Con este panorama, escandaliza aún más la respuesta que dio el jueves la vicepresidenta Elena Salgado al elogiar el recorte del 20% que María Dolores de Cospedal anunció para Castilla-La Mancha. “En la elección de los gastos, es posible que la opinión del actual Gobierno (de Castilla-La Mancha) no coincida con la del PSOE, pero el fundamento de la medida es lo que nos parece que debe hacerse”, aseguró Salgado, para pasmo de gran parte de su propio partido.

La vicepresidenta de Economía parece olvidar algo fundamental: que hay dos maneras de cuadrar un presupuesto para evitar el déficit. Una pasa por disminuir los gastos. La otra consiste en aumentar los ingresos: los impuestos. Mantenerlos así de bajos para los más ricos en una situación tan crítica como la actual no es ni de izquierdas ni de derechas. Es simplemente suicida.

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