Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

ATTAC-Acordem, 31 octubre 2011

Estamos en un momento clave en la lucha a favor de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Francia y Alemania son los gobiernos que más han presionado para implantar este impuesto a nivel global y a nivel de la UE, aunque al final quedase restringido en el ámbito de la Eurozona. Ello se debe principalmente a que la opinión pública de Alemania y de Francia está mayoritariamente a favor del ITF. En efecto, el interés de Sarkozy y de Merkel por el ITF se explica por esa presión popular que ha sido posible gracias a los esfuerzos de ATTAC Alemania y Francia. El gobierno español actual también apoya el impuesto presionado cada vez más por unas organizaciones de la sociedad civil muy movilizadas a su favor.

La Comisión Europea ha elaborado una propuesta de directiva a favor del ITF con muchos puntos positivos dignos de mención y de apoyo. Establece un impuesto de un 0,1% para las transacciones en acciones y bonos que es el nivel mínimo de impuesto que Attac venía pidiendo. Es positivo también que no se aplique el impuesto en el lugar de la transacción (es decir en Wall Street o en la City), sino en el país de residencia del que hace la transferencia. Es igualmente positivo la inclusión de los productos derivados; la aplicación del impuesto sobre todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y la relativamente rápida aplicación del impuesto prevista para el año 2014, si bien desde ATTAC pedimos la inmediata implantación el impuesto para el 2012, .También es positivo que la Comisión reconozca que es necesario reducir la especulación financiera, siendo este uno de los objetivos de esta Directiva. Todo ello es una gran victoria de la sociedad civil y sus movimientos sociales que hay que celebrar. Y por supuesto de Attac.

No obstante, hay mucho por lo que seguir presionando. El impuesto sobre los productos derivados es solo del 0.01% y debería ser más alto para reducir la especulación y la volatilidad. Pero sobre todo es inadmisible que no se aplique el ITF a las transacciones de divisas, que es un mercado que mueve 4 billones de dólares al día, y que por ser altamente especulativo y tremendamente volátil es enormemente dañino. La Comisión argumenta que gravar estas operaciones supondría infringir el principio de libre circulación de capitales pero desde ATTAC exigimos su control social. Sólo alrededor del 15% de las transacciones de divisas tiene a un agente comercial en la operación, y el resto se realizan entre instituciones financieras por lo que se trata de operaciones meramente especulativas.

Aún con estas a nuestro juicio deficiencias, los países que apoyan el ITF, entre ellos España, están teniendo gran resistencia en el G20 para promover su aplicación. Estados Unidos y Gran Bretaña se oponen porque en su espacio se realizan la mayor parte de las transacciones especulativas mundiales y el lobby que defiende los intereses de las entidades financieras tiene una gran influencia para evitar que sus actividades se vean controladas y tasadas. La resistencia en estos países también es grande porque la opinión pública y la sociedad civil no han logrado presionar a los políticos suficientemente. Pero es también preocupante que los países emergentes se opongan igualmente al ITF (Rusia, China e India se oponen y el Gobierno de Brasil no está haciendo nada para adoptarlo). La razón pudiera ser que sus sistemas financieros están mucho más regulados, y por lo tanto no tienen el gran problema de especulación de los países europeos. No hay que olvidar que tanto Brasil, India como China aplican control de capitales en menor o mayor medida. Precisamente por ello, ATTAC seguirá presionando para que estos países más regulados que se sumen también a la iniciativa.

Ante esta situación, a nivel global, ATTAC España hace un llamamiento a la ciudadanía para intensificar la presión social a favor del ITF, aprovechando el claro apoyo por parte de los indignados del 15M, movimiento que empezó justamente en nuestro país y que se ha propagado por la mayoría de las más importantes capitales del mundo, incluidos los movimientos de Ocupar Wall Street y la City de Londres. ATTAC España ya ha conseguido que el ITF sea una de las demandas clave no sólo de los movimientos sociales, sino de una amplia plataforma de organizaciones sindicales y políticas del país. Ahora hay que hacer que el ITF esté presente en los discursos y en las propuestas para salir de la crisis de todo el planeta: especialmente en Bruselas, en Nueva York y en Londres. El ITF podría ser una de las fundamentales causas que ayudaría a aglutinar y dar mayor cohesión al movimiento 15M, pues es una propuesta que está aceptada por todo el espectro ideológico, desde los comunistas hasta los verdes.

En el ámbito Europeo, la sociedad civil debe aumentar la presión sobre el Gobierno británico, y además seguir manteniendo bajo presión a los gobiernos de Francia y Alemania, y al resto de los países para que apliquen el ITF en la Eurozona. Y al gobierno español especialmente, pues es bien probable que un PP ganador de las elecciones del 20N cambie de postura en relación al impuesto. No se lo podemos permitir. ATTAC España saluda las declaraciones del Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, cuando dijo que si no se puede implantar el ITF a nivel global o de la UE se hará en la Eurozona, para gravar así los movimientos de capitales especulativos que hasta ahora han eludido completamente cualquier fiscalidad.

Junto al apoyo al ITF, ATTAC España considera prioritario movilizar simultáneamente a la sociedad para exigir la clausura de los paraísos fiscales. ATTAC considera que la implantación del ITF y la erradicación de los paraísos fiscales deben ir estrechamente vinculados en las movilizaciones sociales. Frente a quien afirma que la existencia de estos centros extraterritoriales no es relevante para garantizar la efectividad del ITF -ya que la información de las transacciones se podría recabar, en todo caso, a través de las cámaras de compensación existentes en la Eurozona como Clearstream o Euroclear (si la opacidad de estos centros se levanta), ATTAC defiende lo contrario, pues cuando se trata de cámaras de compensación que no están registradas en la Eurozona el problema sigue existiendo. Y en todo caso, la lucha en contra de los paraísos fiscales debe intensificarse pues el objetivo último de ATTAC es combatir la especulación y dificultar el fraude fiscal, y no esos otros objetivos legítimos pero colaterales como son recaudar más para cubrir los déficits estatales, atender necesidades de los países empobrecidos (ODM) o combatir el cambio climático, asuntos todos de relevancia que nadie duda que están en peligro y que podrían atenderse si las recaudaciones del ITF se hicieran efectivas cuanto antes y se destinasen a ello. Pero habida cuenta del volumen de las transacciones especulativas y de los gravísimos daños que causan a la ciudadanía, es obvio que su reducción reportaría un beneficio mucho mayor que el derivado de la simple recaudación del impuesto.

30 de octubre de 2011

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Vicenç Navarro, revista digital SISTEMA, 21 de octubre 2011

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

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Josep Lluís Núñez fou investit ‘faraó’ al número 58 de Carrer, un títol honorífic que,
a l’hora de la veritat, no li ha servit de res: després d’un llarg judici -gairebé tan llarg
com la construcció d’una piràmide!- un jutge l’ha condemnat a sis anys de presó per

suborn a un funcionari. L’acompanyen el seu fill i un directiu de Núñez i Navarro

Carrer, 120, FAVB |  NIN PÉREZ-VILLACRÉS

Josep Lluís Núñez Clemente, president del grup immobiliari Núñez i Navarro i expresident del F. C. Barcelona, ha passat més d’una temporadeta a la cambra fosca de Carrer. Però ara la cosa va de debò: l’Audiència de Barcelona el va condemnar el passat 28 de juliol a sis anys de presó per suborn a un funcionari i falsedat documental en el cas de corrupció a Hisenda de Barcelona durant els anys noranta.
Un fill del faraó, Josep Lluís Núñez Navarro -Núñez II?-, ha estat condemnat a idèntica pena que son pare i que Salvador Sánchez Guiu, mà dreta de la família Núñez i director econòmic financer del seu imperi empresarial. El clan també haurà de fer front a diverses multes, tres d’elles, de més de dos milions d’euros.
Es tracta d’una sentència exemplar, amb 14 condemnats i penes de fins a 13 anys de presó. El procés del cas Hisenda -el mateix que va acabar amb la carrera política del socialista Josep Borrell- ha estat, de fet, el més llarg mai vist a Catalunya: es va iniciar el 1999 i han calgut deu anys d’investigació al jutjat d’instrucció, nou mesos de judici -del setembre del 2009 al juny del 2010- i més d’un any per redactar una sentència de 729 folis. En total, 12 anys, una durada que sobta si es compara amb la d’altres casos d’entitat: el procés de l’11-M -amb 191 morts al darrere- va durar menys de cinc anys.
Especialment significatives són les penes imposades a quatre funcionaris d’Hisenda, aquells que exigien al ciutadà allò que no complien ells mateixos. N’han sortit escaldats l’excap d’Hisenda a Catalunya, Josep Maria Huguet (13 anys de presó), i els inspectors Álvaro Pernas (12 anys), Manuel Abella (11 anys) i Roger Bergua (9 anys). També han estat condemnats -entre d’altres- l’advocat i exassessor del Grupo Torras, Joan Josep Folchi (7 anys i 6 mesos), el que fou assessor fiscal personal del molt honorable Jordi Pujol, Juan Antonio Sánchez Carrete (2 anys), i el propietari de la immobiliària Ibusa, Eduardo Bueno (2 anys).
La xarxa corrupta -una de les més grans descobertes a Catalunya- implicava treballadors d’Hisenda, empresaris i assessors legals i fiscals. Els funcionaris falsejaven les actes de les inspeccions fetes a diverses empreses de Barcelona a canvi de diners o habitatges a bon preu. Abella i Bergua, per exemple, van rebre dels Núñez habitatges a preus inferiors als de mercat. Els empresaris “els facilitaven onerosament i graciosament les gestions d’adquisició i pagaments d’impostos i hipoteques [...] i diners en efectiu per fer front al pagament de la hipoteca que van constituir”, diu la sentència. Els Núñez es van estalviar 13 milions d’euros en impostos gràcies a un milió en prebendes.
Aquest era el modus operandi. I no sembla que n’estiguin penedits: al seu lloc web, diuen que el grup “mantindrà la seva línia de treball, fidels a una trajectòria de més de cinquanta anys”.

Hora de fer justícia

Cruyffistes al marge, els que més s’han alegrat de la condemna del Chanflanero han estat, probablement, aquells que l’han patit al llarg d’aquests “més de cinquanta anys”: els que van invertir 17 anys de la seva vida en impedir que la casa Golferichs -una joia del modernisme barceloní- anés a terra;  els qui no van poder evitar la tragèdia en els casos de la casa Trinxet i la casa Ravella; o aquells que lluiten encara per salvar l’edifici històric de la Rotonda. També els veïns de les Corts: amb Núñez com a president culer, es va començar a parlar de la requalificació del Miniestadi, el polèmic projecte Barça 2000. Núñez va arribar a implicar llavors els veïns en el negoci de la prostitució!
L’actuació del rei -o el botxí- dels xamfrans de l’Eixample ha estat sovint només reprovable des d’un punt de vista moral. En d’altres ocasions -moltes-, els jutges han hagut de dirimir entre els interessos de la constructora i els dels seus oponents: els veïns i, en comptades ocasions, l’Ajuntament, que, tanmateix, s’ha prestat sovint al joc d’intercanvi de cromos, en el qual Núñez ha esdevingut tot un expert: “us dono aquest solar si em deixeu construir en aquesta zona verda”. Però la condemna pel cas Hisenda no ha estat la primera per al president: el 1976, el Jutjat Especial de Delictes Monetaris el va condemnar com a “autor penalment responsable d’un delicte consumat de contraban monetari de 6 milions de pessetes”. Poca cosa, si es compara amb la sentència actual.
Segons els experts, és poc probable que el faraó arribi a dormir entre reixes: té 80 anys i se li aplicaria un tercer grau molt suau.
Però de les sancions econòmiques és difícil que se’n salvi. I potser són aquestes -les que li toquen la butxaca- les que més mal li fan.
Caldrà, això sí, que els jutges es posin les piles, ja que el procés encara no ha acabat: la resolució dels recursos trigarà, com a mínim, un any i mig. De moment, Núñez I i Núñez II han entregat els seus passaports i s’han de presentar cada quinze dies al jutjat. Si el Barça arriba a la final de Munic, ¿la veuran des de casa? S’accepten apostes.

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La reforma constitucional eleva a categoria jurídica
el desmantellament dels serveis públics. Només una
reforma fiscal amb més i més justos impostos pot
evitar la pèrdua definitiva dels drets socials

Carrer 120, FAVB

Albert Recio,  professor d’economia de la uab i vicepresident de la favb

L’allau de reformes i retallades que estem patint des de fa any i mig ha culminat amb una reforma constitucional exprés que eleva a categoria jurídica el desmantellament dels drets socials. La manera com s’ha justificat ens és coneguda (es fa pel nostre bé, ens permetrà sortir de la crisi, ara ens toca pagar per haver viscut tant de temps per sobre de les necessitats…).
Només cal que sintonitzeu cada matí Catalunya Ràdio, la que paguem entre tots, per sentir el mateix discurs (adobat amb alguns Aromes de Montserrat en forma d’elogis al “govern dels millors”) en boca de Manel Fuentes.
Una justificació amb un clar propòsit subliminal: presentar l’oposició a les retallades i la pèrdua de drets com una actitud irracional o inútil. Per això convé fer-se algunes preguntes bàsiques que ens ajudin a tenir arguments.

¿Tenim un sector públic inflat?

Els que diuen que el país ha viscut amb un sector públic inflat ignoren uns quants fets bàsics. El pes de la despesa pública al nostre país ha estat sempre per sota de la mitjana europea. Quan comparem dades de despesa social (22,7% del PIB enfront del 26,9% de la UE dels 27), sanitat (8,4% del PIB enfront del 9,2% de la UE dels 15) i educació (4,9% del PIB enfront del 6,2% de la OCDE), és palès que sempre hem estat per sota, fins i tot de païsosmés pobres, com Grècia, que ha fet un major esforç en aquest tema. El mateix passa si comparem el pes dels funcionaris i dels treballadors públics. Si alguna cosa caracteritza el nostre país és la insuficiència del sector públic. Sense comptar que una part important de la despesa acaba canalitzant-se al sector privat (ensenyament concertat, sanitat concertada) amb més que discutibles efectes socials, com ho mostra la persistència d’una forta
discriminació social en les escoles concertades.
¿Per què tenim un endeutament tan gran?

Aquest és un altre mite. El deute públic espanyol no és excessivament gran. El deute públic brut se situa en un 65% del PIB, molt per sota de la majoria de països amb greus problemes (150% Grècia, 120% Itàlia, 114% Irlanda), o fins i tot de molts que aparenten més salut que nosaltres (229% Japó, 100% USA, 80% Alemanya). El deute fort espanyol és fonamentalment deute privat, de bancs i grans empreses que han utilitzat massivament el crèdit exterior per finançar la bombolla immobiliària i la seva expansió internacional. El problema és que aquest deute privat pot convertir-se en deute públic, com ja ha passat quan l’Estat ha avalat les emissions de deute de bancs i caixes o s’ha fet càrrec de les caixes en fallida. El problema per al sector públic no es tant d’endeutament total sinó de creixement del dèficit que ha tingut lloc els darrers anys.
¿D’on ve el creixement del dèficit públic?

El dèficit és fonamentalment el producte de l’ensorrament dels ingressos públics (impostos, taxes i cotitzacions socials), que en tres anys han passat de representar el 38,2% del PIB al 31,5%, situant el nostre país entre els que tenen menys recaptació d’Europa i molt lluny de la mitjana (que se situa en un 40%).
Aquesta davallada dels ingressos és el resultat de dos factors combinats: la caiguda de l’activitat econòmica, especialment el daltabaix immobiliari, i les diverses reduccions d’impostos que han tingut lloc els darrers 15 anys (pràctica eliminació d’impostos com l’IAE, de patrimoni, successions… i fortes retallades a l’Impost de Societats i l’IRPF, especialment a les rendes del capital).
Un exemple ens ho pot aclarir: segons l’Agència Tributària, la caiguda dels beneficis declarats per les empreses a l’Impost de Societats en el període 2007-2010 ha estat del 20%. Per tant, la recaptació hauria hagut de caure en aquesta proporció. Però la caiguda real ha estat del 40%, el doble. L’explicació és que s’han introduït un conjunt de desgravacions amb l’excusa de la creació d’ocupació.
Cal també considerar les despeses extraordinàries fetes al principi de la crisi, on destaca la compra d’actius a la banca (el diari Público ha quantificat en 126.000 milions d’euros les ajudes al sector financer).

¿Com ens afecta el canvi constitucional?

La reforma constitucional introdueix dues restriccions que encara dificultaran més el desenvolupament de l’Estat del Benestar. En primer lloc imposa que el pagament d’interessos financers és prioritària sobre qualsevol altra obligació.
Una cosa insòlita que no passa en el món privat, on les empreses en dificultats renegocien els crèdits. Si  en el futur un Govern irresponsable
acceptés negociar un crèdit usurari, amb la lletra de la llei, el país no podria eludir-ne el pagament.
En segon lloc, limita a un 0,4% el dèficit estructural, un límit molt estricte que actualment no hi ha cap país europeu que acompleixi.
Això es traduirà en una forta pressió sobre la despesa social corrent.
Però ¿no és dolent l’endeutament?

Ara l’endeutament es presenta com el mal general i torna la cantarella de l’estirar més el braç que la màniga. Les coses són, però, més complexes.
És lògic finançar amb deute les inversions que tenen efectes a llarg termini. Per exemple, si ens endeutem per construir escoles les tindrem més aviat i les podem anar pagant a mesura que s’utilitzen.
Amb el nou model, només les podrem construir quan tinguem els diners o fent fortes reduccions en altres despeses.
És també prou conegut que quan l’atur és massiu l’increment de despesa pública amb dèficit genera activitat econòmica i permet reduir l’atur. De fet, això és el que ha permès l’activitat pública els primers anys de la crisi. Les retallades no afecten tan sols les persones implicades amb la pèrdua del lloc de treball o els salaris, també redueixen la demanda a altres sectors.
El problema és que els darrers anys s’ha imposat el dogma del dèficit zero, sobretot promogut per les elits alemanyes que tallen el bacallà a Europa (però que no es van aplicar quan ells van tenir problemes derivats de la seva unificació).
¿Què hem de demanar?

Mantenir i millorar l’Estat del Benestar és bàsic. Tenim molt a perdre amb el seu desmantellament. Només hi ha una forma d’evitar-ho. Amb un important augment d’impostos que situïn el país a nivells europeus. Un increment que, a més, ha d’introduir justícia. No pot ser que les rendes del capital estiguin menys gravades que les salarials, que es mantinguin alts nivells d’evasió fiscal i dels mecanismes que la permeten (com les famoses Sicav), que s’eliminin impostos clarament redistributius (com el de successions). Una reforma fiscal amb més i millors impostos és un element clau. Més difícil, almenys a curt termini, és tirar enrere la reforma constitucional. Però podem esperar que aquest article formi part d’aquells que mai funcionen realment.
I per acabar, una proposta: que el moviment veïnal desenvolupi una línia reivindicativa del tipus “impostos justos per garantir els serveis públics”.

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Gestha, 28/09/2011
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apoyan la creación de la tasa a las transacciones financieras propuesta este miércoles por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ya que esta medida contribuiría a reducir la especulación de los mercados financieros sin desalentar la inversión.

El colectivo considera que el impacto de la tasa sobre cada transacción individual sería “muy bajo”, pero en su conjunto dispondría de un gran potencial recaudatorio con el que los países miembros de la Unión Europea podrían solventar parte de sus problemas de déficit.

Asimismo, recalcan la importancia de que la propuesta final se haga extensible a los mercados de divisas, dado que actualmente constituyen “uno de los principales focos especulativos”. En este sentido, no comparten la opinión de la Comisión de que la nueva tasa puede ser incompatible con la libre circulación de capitales de la UE, pues una cosa es que los capitales se muevan libremente, y otra que tengan que pagar o no impuestos.

Finalmente, Gestha considera necesario ampliar el hecho imponible de esta tasa a los valores objeto de la transacción, impidiendo así la deslocalización de las actividades financieras para eludir el pago.

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