Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 20 de abril de 2012

Este artículo señala que la concentración de las rentas en sectores minoritarios de la población crea un problema grave de demanda que debería resolverse con políticas fiscales que transfirieran fondos de tales sectores a la población con menos recursos, mediante la creación de empleo, estimulando la economía.

Uno de los argumentos que se reproducen con mayor insistencia en los mayores círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos del país, es que aumentar los impuestos en momentos de recesión no es aconsejable, pues disminuye la capacidad adquisitiva de la población, y con ello disminuye la demanda, elemento esencial para estimular la economía y ahuyentarla de la recesión. Este argumento se ha utilizado por todos los gobiernos que han tenido que enfrentarse en España a la recesión.

Lo que este argumento ignora es que no todos los impuestos son iguales y no toda la población responde de la misma manera a la bajada o subida de impuestos. Y este argumento también ignora que el Estado puede gastarse el dinero, adquirido al aumentar los impuestos, en actividades que estimulen la demanda de una manera más directa de lo que pueden hacerlo algunos sectores de la población que tienen elevadas rentas y su propensión al ahorro es mayor que su consumo.

Para entender la importancia de este hecho hay que darse cuenta de que la renta en la sociedad española está muy concentrada. Aunque es siempre muy difícil conseguir información creíble sobre la distribución de la renta y riqueza en España, toda la información objetiva existente muestra que España es uno de los países más desiguales entre los países ricos (es decir, los países miembros de la OCDE). Esta concentración de la renta es un problema económico gravísimo, pues la gente rica consume mucho menos proporcionalmente que el resto de la población. Recordemos que el 64% (según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- del mes de febrero) de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. La gente rica ya tiene tanto que la mayoría de su renta no la consume, sino que la acumula e invierte y deposita en los bancos, lo cual podría ser beneficioso si tal dinero se utilizara para invertir y producir puestos de trabajo. En los últimos años, sin embargo, gran parte de estas inversiones han sido de tipo especulativo, con lo cual se crearon menos buenos puestos de trabajo de lo que el país necesitaba.

El hecho, pues, de que un sector minoritario que goza de grandes rentas no consume mucho, y que la gran mayoría no puede consumir más por carecer de dinero, crea un gran déficit de demanda, que es una de las causas de la Gran Recesión. Lo que el Estado tiene que hacer es transferir fondos de los sectores de la población que no consumen mucho (en términos proporcionales), elevando sus impuestos, para transferir los fondos a los sectores de la población que tienen problemas para poder consumir y mantener su nivel de vida. Una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo en los sectores donde hay un enorme déficit de personal, tales como los servicios públicos del Estado del Bienestar. Y ahí radica parte de la necesaria solución. El Estado tiene que gravar las rentas superiores y con el dinero obtenido tiene que crear empleo que estimule la demanda y con ello se estimule la economía. Esto es lo que hizo el presidente Roosevelt en EEUU para salir de la Gran Depresión, y esto es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos europeos inmediatamente después de la II Guerra Mundial.

En España, la carga impositiva continúa siendo muy regresiva, a pesar de los cambios realizados por el Gobierno Rajoy que, según la sabiduría convencional, ha subido los impuestos al nivel de Suecia. Como he indicado en otro artículo (“¿Tributamos como los suecos?”, ‘Público’, 02.02.12), esta argumentación ignora el enorme impacto regresivo de las deducciones fiscales que reducen espectacularmente la carga fiscal real. El 10% de la población más rica del país, que tiene casi el 50% de la renta del país, paga mucho menos al Estado de lo que nominalmente debería debido a tales deducciones (sin considerar también el enorme fraude fiscal que se centra en el 1% de la población más rica del país). No es cierto (repito, no es cierto) que la fiscalidad de España sea como la de Suecia, tal como están indicando los medios. En realidad, si España pagara en impuestos el mismo porcentaje del PIB que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, con lo cual habría dinero más que suficiente para reducir el déficit público y crear cinco millones de puestos de trabajo en los servicios públicos del Estado del Bienestar, alcanzando el porcentaje de adultos que trabajan en tales servicios (como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros) que hoy tiene Suecia: uno de cada cuatro. En España es uno de cada diez, el porcentaje más bajo de la UE-15.

Una última observación. Las políticas que está proponiendo el Gobierno Rajoy para España harán un enorme daño a la economía española, y muy en particular a las clases populares. La evidencia científica de que ello es así es abrumadora. La fe ciega que el banquero Luis de Guindos, hoy Ministro de Economía de España, tiene en el dogma neoliberal, está llevando el país al desastre, pues está reduciendo todavía más la demanda. La ilusión de que esta austeridad recuperará la confianza de los mercados no se basa en una evidencia creíble (ver mi artículo “¿Quién define la confianza de los mercados?”, ‘Público Digital’. 05.04.12). Es el triunfo del dogma sobre la mera evidencia científica abundantemente existente. El fundamentalismo religioso que hizo un enorme daño a las clases populares a lo largo de la historia de España ha sido sustituido por un fundamentalismo económico neoliberal con efectos igualmente negativos. Su promoción se debe a que favorece a las rentas superiores así como a las rentas del capital y a sus instrumentos financieros.

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebra algunas de las medidas de reforma del impuesto de Sociedades, pero “rechaza totalmente” la creación de un “gravamen especial” del capital que retorne a España de un 10% y del 8% en caso de dividendos de sociedades en paraísos fiscales.

En un comunicado, los inspectores aseguran que de esta forma se crea una amnistía fiscal, ya que cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción. A su parecer, esta medida es “muy injusta” y va contra el artículo 31 de la Constitución.

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y  progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, señala dicho artículo.

Además, los inspectores recuerdan que el PP consideraba “impresentable, injusta y antisocial” esta medida y consideran paradójico que se suban los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. “Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria”, afirman.

Además, creen que puede provocar un “derrumbe” de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos yOK de la recaudación en periodo voluntario, lo que además provocaría efectos “muy perjudiciales” en la economía española.

Sin embargo, consideran que la reforma de Sociedades es “conveniente y necesaria” para la economía y para repartir las cargas de la crisis de forma más equitativa. Afirman que las medidas son “positivas”, aunque no “suficientes” para solucionar todos los problemas del impuesto, por lo que creen que en el futuro habrá que plantearse una reforma global del mismo.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 2 de febrero de 2012

Este artículo muestra que en contra de lo que se está diciendo estos días en los mayores medios de difusión, la carga fiscal real (y no tanto nominal) en España es mucho menor que la existente en Suecia, situación incluso más acentuada en las rentas superiores.

A partir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.

Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.

Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.

Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.

En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.

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OCDE, 05/12/2011

La desigualdad de los ingresos en los hogares se sitúa en España alrededor del promedio de la OCDE: por debajo de Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido, pero por encima de Alemania y Francia. La desigualdad ha disminuido desde mediados de los años 80, contrariamente a lo ocurrido en la mayoría de los países de la OCDE donde ha habido una tendencia importante a la alza en los últimos 25 años.
El ingreso medio del 10% de la población española con mayores ingresos era en 2008 alrededor de 38.000 EUR, es decir 11 veces mayor que el del 10% de la población española con menores ingresos, que tenía un ingreso medio de 3.500 EUR. Los impuestos y las prestaciones sociales reducen, en conjunto, un cuarto de la desigualdad, parecido a la media de la OCDE. Sin embargo, datos nacionales recientes muestran que la desigualdad se ha incrementado en los dos últimos años.

Resultados clave:

-Una menor diferencia de salarios entre los trabajadores mejor remunerados y los peor remunerados. La diferencia de salarios entre el 10% más alto y el 10% más bajo ha disminuido en España un 20% entre el 1994 y el 2008. En el mismo período, ésta se ha incrementado prácticamente en todo el resto de los países de la OCDE.

- Una tasa de empleo más alta entre mediados de los noventa y el 2008. El crecimiento del empleo en los 15 años anteriores a la recesión económica explican cerca del 70% de la reducción de la desigualdad de ganancias.

- Y, sobre todo, una tasa superior de empleo femenino. El incremento del número de mujeres trabajadores en España ha resultado en un total de ganancias más alto en los hogares. En las dos décadas anteriores a la
recesión global, la tasa de empleo femenino aumentó un 30%, resultando en uno de los aumentos más importantes de la OCDE.

- Un aumento de las horas trabajadas para los trabajadores con menor remuneración con respecto a los mejor remunerados. Desde mediados de los años noventa, el 20% inferior de los asalariados aumentó el número anual de horas trabajadas (de 1040 a 1180) mientras que el 20% superior de los asalariados disminuyó ligeramente las horas de trabajo (de 2180 a 2170). En la mayor parte de los países de la OCDE sucedió lo contrario: los asalariados con menos ingresos trabajaron menos horas y aquellos con más ingresos trabajaron más.

- Estabilidad en la parte de ingresos correspondiente al 1% más rico. La porción del 1% de ingresos más altos aumentó de manera moderada entre 1990 y 2005, del 8,4% al 8,8%. En los países de habla inglesa, la parte del 1% más rico se multiplicó por dos.

- Mayor redistribución debida a los servicios. Los Servicios Públicos en España contribuyen a disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20%, como en la mayor parte de los países de la OCDE. Este efecto redistributivo, que se ha mantenido en un nivel constante en la mayor parte de los países de la OCDE durante la década de los 2000, ha aumentado en España.

- Pero una menor redistribución debida a las transferencias sociales. En España, las transferencias de la Seguridad Social disminuyen la desigualdad en menor medida que en la media de los países de la OCDE y, además, este impacto ha ido disminuyendo en los últimos años.

Principales recomendaciones sobre políticas para los países de la OCDE contenidas en el informe Divided We Stand

- El empleo es el medio más prometedor de hacer frente a la desigualdad. El mayor reto consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y den a la gente oportunidades reales de superar la pobreza.

- La inversión en capital humano es fundamental. Esa inversión debe comenzar en la primera infancia y mantenerse durante todo el ciclo de la enseñanza obligatoria. Una vez realizada la transición de la escuela al trabajo, deben existir incentivos suficientes para que tanto los empleados como los empresarios inviertan en capacitación a lo largo de la vida laboral.

- La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos.

- La fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora una mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.

- Es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias.

Enlace al resumen sobre España: http://www.oecd.org/dataoecd/51/36/49177772.pdf

Más información sobre el informe completo: http://www.oecd.org/els/social/inequality

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La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, presentarà en roda de premsa el proper dimarts dia 8 les seves propostes en política fiscal així com la quantificació econòmica de les mateixes

A través d’aquestes propostes volem posar de manifest que hi ha marge per augmentar els ingressos públics de manera més justa i equitativa alhora que es podria evitar el desmantellament del nostre estat de benestar. Un desmantellament que s’està duent a terme amb l’excusa de la manca d’ingressos.

Dia i hora: Dimarts 8 de novembre, de 11.30 a 13.00

LLoc: Centre Cívic Pati Llimona (Sala Joan Maragall), carrer Regomir núm.3, Barcelona

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