Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 20 de abril de 2012

Este artículo señala que la concentración de las rentas en sectores minoritarios de la población crea un problema grave de demanda que debería resolverse con políticas fiscales que transfirieran fondos de tales sectores a la población con menos recursos, mediante la creación de empleo, estimulando la economía.

Uno de los argumentos que se reproducen con mayor insistencia en los mayores círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos del país, es que aumentar los impuestos en momentos de recesión no es aconsejable, pues disminuye la capacidad adquisitiva de la población, y con ello disminuye la demanda, elemento esencial para estimular la economía y ahuyentarla de la recesión. Este argumento se ha utilizado por todos los gobiernos que han tenido que enfrentarse en España a la recesión.

Lo que este argumento ignora es que no todos los impuestos son iguales y no toda la población responde de la misma manera a la bajada o subida de impuestos. Y este argumento también ignora que el Estado puede gastarse el dinero, adquirido al aumentar los impuestos, en actividades que estimulen la demanda de una manera más directa de lo que pueden hacerlo algunos sectores de la población que tienen elevadas rentas y su propensión al ahorro es mayor que su consumo.

Para entender la importancia de este hecho hay que darse cuenta de que la renta en la sociedad española está muy concentrada. Aunque es siempre muy difícil conseguir información creíble sobre la distribución de la renta y riqueza en España, toda la información objetiva existente muestra que España es uno de los países más desiguales entre los países ricos (es decir, los países miembros de la OCDE). Esta concentración de la renta es un problema económico gravísimo, pues la gente rica consume mucho menos proporcionalmente que el resto de la población. Recordemos que el 64% (según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- del mes de febrero) de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. La gente rica ya tiene tanto que la mayoría de su renta no la consume, sino que la acumula e invierte y deposita en los bancos, lo cual podría ser beneficioso si tal dinero se utilizara para invertir y producir puestos de trabajo. En los últimos años, sin embargo, gran parte de estas inversiones han sido de tipo especulativo, con lo cual se crearon menos buenos puestos de trabajo de lo que el país necesitaba.

El hecho, pues, de que un sector minoritario que goza de grandes rentas no consume mucho, y que la gran mayoría no puede consumir más por carecer de dinero, crea un gran déficit de demanda, que es una de las causas de la Gran Recesión. Lo que el Estado tiene que hacer es transferir fondos de los sectores de la población que no consumen mucho (en términos proporcionales), elevando sus impuestos, para transferir los fondos a los sectores de la población que tienen problemas para poder consumir y mantener su nivel de vida. Una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo en los sectores donde hay un enorme déficit de personal, tales como los servicios públicos del Estado del Bienestar. Y ahí radica parte de la necesaria solución. El Estado tiene que gravar las rentas superiores y con el dinero obtenido tiene que crear empleo que estimule la demanda y con ello se estimule la economía. Esto es lo que hizo el presidente Roosevelt en EEUU para salir de la Gran Depresión, y esto es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos europeos inmediatamente después de la II Guerra Mundial.

En España, la carga impositiva continúa siendo muy regresiva, a pesar de los cambios realizados por el Gobierno Rajoy que, según la sabiduría convencional, ha subido los impuestos al nivel de Suecia. Como he indicado en otro artículo (“¿Tributamos como los suecos?”, ‘Público’, 02.02.12), esta argumentación ignora el enorme impacto regresivo de las deducciones fiscales que reducen espectacularmente la carga fiscal real. El 10% de la población más rica del país, que tiene casi el 50% de la renta del país, paga mucho menos al Estado de lo que nominalmente debería debido a tales deducciones (sin considerar también el enorme fraude fiscal que se centra en el 1% de la población más rica del país). No es cierto (repito, no es cierto) que la fiscalidad de España sea como la de Suecia, tal como están indicando los medios. En realidad, si España pagara en impuestos el mismo porcentaje del PIB que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, con lo cual habría dinero más que suficiente para reducir el déficit público y crear cinco millones de puestos de trabajo en los servicios públicos del Estado del Bienestar, alcanzando el porcentaje de adultos que trabajan en tales servicios (como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros) que hoy tiene Suecia: uno de cada cuatro. En España es uno de cada diez, el porcentaje más bajo de la UE-15.

Una última observación. Las políticas que está proponiendo el Gobierno Rajoy para España harán un enorme daño a la economía española, y muy en particular a las clases populares. La evidencia científica de que ello es así es abrumadora. La fe ciega que el banquero Luis de Guindos, hoy Ministro de Economía de España, tiene en el dogma neoliberal, está llevando el país al desastre, pues está reduciendo todavía más la demanda. La ilusión de que esta austeridad recuperará la confianza de los mercados no se basa en una evidencia creíble (ver mi artículo “¿Quién define la confianza de los mercados?”, ‘Público Digital’. 05.04.12). Es el triunfo del dogma sobre la mera evidencia científica abundantemente existente. El fundamentalismo religioso que hizo un enorme daño a las clases populares a lo largo de la historia de España ha sido sustituido por un fundamentalismo económico neoliberal con efectos igualmente negativos. Su promoción se debe a que favorece a las rentas superiores así como a las rentas del capital y a sus instrumentos financieros.

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