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¿Es urgente suprimir el impuesto de sucesiones cuando se recorta el gasto público en sanidad y educación?

El impuesto de sucesiones vive sus momentos postreros en Catalunya. El impuesto fue reformado sustancialmente en 2009; a partir del 1 de julio del 2011 están exentos del mismo los herederos directos de, además de la vivienda habitual, hasta 275.000 euros (y la empresa familiar está exenta ya hace años). Así, quien herede 500.000 euros y vivienda habitual pagará 10.375 euros. En cualquier caso, la suerte del impuesto está echada: por una parte, su supresión en algunas regiones españolas introdujo una dinámica de deslocalización fiscal difícil de resistir; por otra, suprimir el impuesto es un compromiso electoral del programa que ganó las elecciones autonómicas.

En los últimos años ha sido muy debatida la supresión total del impuesto. Expuse ya mi opinión favorable a su pervivencia en estas páginas (”Sucesiones y consistencia”, 27/XI/2009), porque lo considero un impuesto propio de sociedades donde el mérito prevalece sobre el origen, y el dinamismo sobre las dinastías. Pero no es mi propósito reiterar ahora esos argumentos. Es más interesante reflexionar sobre el principio de cumplimiento estricto de compromisos electorales, argumento central para la supresión inmediata.

Tras años de análisis de las políticas, y alguna experiencia práctica, he llegado a la conclusión de que cumplir los compromisos electorales es incluso más importante que las características intrínsecas de las medidas. La consistencia entre lo que se dice y lo que se practica, entre lo que se prometió y lo que se hace, es un requisito necesario para la legitimidad de la política democrática. En este sentido, las cosas parecen claras.

Pero existe controversia sobre la urgencia de la supresión, en el momento en que se efectúan recortes generales en el gasto público, que afectan también a la sanidad y la educación. La cuestión no es menor. Entre otras cosas, porque otras promesas electorales del actual Govern están siendo vulneradas. Por ejemplo: “garantizar, como mínimo, el mantenimiento en términos reales de los recursos económicos destinados al sistema sanitario” (pág. 23, medida 125, www.ciu.cat/media/46861.pdf, énfasis mío). Y a muchos nos ha parecido que la gravedad del momento justifica la aplicación de medidas tan dolorosas, aunque vulneren compromisos electorales.

La pregunta central es, entonces: ¿Pueden vulnerarse unas promesas y mantenerse otras? ¿Significa esto que el compromiso con los pocos cientos de familias todavía sujetas al impuesto tiene rango superior al compromiso con los millones de catalanes que usan el sistema sanitario? Seguro que no. Por ello, ¿no sería más consistente anunciar la supresión del impuesto en la presente legislatura (¿2013?), superada la urgencia del momento? Un anuncio de este tipo evitaría deslocalizaciones fiscales adicionales (es un plazo menor al necesario para que la emigración fiscal tenga efectos prácticos) y daría mayor legitimidad a la ruptura del compromiso electoral relativo al gasto en sanidad. Y, sobre todo, proyectaría una percepción de mayor equilibrio en el reparto de los sacrificios de la crisis. ¿No creen?

Germà Bel. Catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona (UB).

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Quan una persona ha decidit que és inevitable passar pel quiròfan per extirpar alguna cosa, dues qüestions clau són: què s’ha de tallar i qui manejarà les estisores. El fet que el cirurgià sigui competent ens dóna seguretat que el que és inevitable almenys es farà amb la màxima eficàcia terapèutica i el mínim mal a l’organisme intervingut. El mateix passa quan es tracta de fer retallades per reduir el dèficit públic.

A moltes persones els deu semblar injust que una crisi que va tenir la causa en un comportament irresponsable, per no dir fraudulent, del sector privat financer s’hagi de pagar amb una retallada de la despesa pública. De fet, és injust. Però, qualssevol que n’hagin estat les causes, ara s’ha de reduir el dèficit públic.

En el cas d’Espanya, aquesta retallada afecta especialment els pressupostos dels governs autonòmics, perquè constitueixen una part molt significativa de la despesa pública total.
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