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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebra algunas de las medidas de reforma del impuesto de Sociedades, pero “rechaza totalmente” la creación de un “gravamen especial” del capital que retorne a España de un 10% y del 8% en caso de dividendos de sociedades en paraísos fiscales.
En un comunicado, los inspectores aseguran que de esta forma se crea una amnistía fiscal, ya que cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción. A su parecer, esta medida es “muy injusta” y va contra el artículo 31 de la Constitución.
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, señala dicho artículo.
Además, los inspectores recuerdan que el PP consideraba “impresentable, injusta y antisocial” esta medida y consideran paradójico que se suban los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. “Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria”, afirman.
Además, creen que puede provocar un “derrumbe” de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos yOK de la recaudación en periodo voluntario, lo que además provocaría efectos “muy perjudiciales” en la economía española.
Sin embargo, consideran que la reforma de Sociedades es “conveniente y necesaria” para la economía y para repartir las cargas de la crisis de forma más equitativa. Afirman que las medidas son “positivas”, aunque no “suficientes” para solucionar todos los problemas del impuesto, por lo que creen que en el futuro habrá que plantearse una reforma global del mismo.
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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 2 de febrero de 2012
Este artículo muestra que en contra de lo que se está diciendo estos días en los mayores medios de difusión, la carga fiscal real (y no tanto nominal) en España es mucho menor que la existente en Suecia, situación incluso más acentuada en las rentas superiores.
A partir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.
En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.
Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.
Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.
Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.
Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.
En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.
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OCDE, 05/12/2011
La desigualdad de los ingresos en los hogares se sitúa en España alrededor del promedio de la OCDE: por debajo de Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido, pero por encima de Alemania y Francia. La desigualdad ha disminuido desde mediados de los años 80, contrariamente a lo ocurrido en la mayoría de los países de la OCDE donde ha habido una tendencia importante a la alza en los últimos 25 años.
El ingreso medio del 10% de la población española con mayores ingresos era en 2008 alrededor de 38.000 EUR, es decir 11 veces mayor que el del 10% de la población española con menores ingresos, que tenía un ingreso medio de 3.500 EUR. Los impuestos y las prestaciones sociales reducen, en conjunto, un cuarto de la desigualdad, parecido a la media de la OCDE. Sin embargo, datos nacionales recientes muestran que la desigualdad se ha incrementado en los dos últimos años.
Resultados clave:
-Una menor diferencia de salarios entre los trabajadores mejor remunerados y los peor remunerados. La diferencia de salarios entre el 10% más alto y el 10% más bajo ha disminuido en España un 20% entre el 1994 y el 2008. En el mismo período, ésta se ha incrementado prácticamente en todo el resto de los países de la OCDE.
- Una tasa de empleo más alta entre mediados de los noventa y el 2008. El crecimiento del empleo en los 15 años anteriores a la recesión económica explican cerca del 70% de la reducción de la desigualdad de ganancias.
- Y, sobre todo, una tasa superior de empleo femenino. El incremento del número de mujeres trabajadores en España ha resultado en un total de ganancias más alto en los hogares. En las dos décadas anteriores a la
recesión global, la tasa de empleo femenino aumentó un 30%, resultando en uno de los aumentos más importantes de la OCDE.
- Un aumento de las horas trabajadas para los trabajadores con menor remuneración con respecto a los mejor remunerados. Desde mediados de los años noventa, el 20% inferior de los asalariados aumentó el número anual de horas trabajadas (de 1040 a 1180) mientras que el 20% superior de los asalariados disminuyó ligeramente las horas de trabajo (de 2180 a 2170). En la mayor parte de los países de la OCDE sucedió lo contrario: los asalariados con menos ingresos trabajaron menos horas y aquellos con más ingresos trabajaron más.
- Estabilidad en la parte de ingresos correspondiente al 1% más rico. La porción del 1% de ingresos más altos aumentó de manera moderada entre 1990 y 2005, del 8,4% al 8,8%. En los países de habla inglesa, la parte del 1% más rico se multiplicó por dos.
- Mayor redistribución debida a los servicios. Los Servicios Públicos en España contribuyen a disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20%, como en la mayor parte de los países de la OCDE. Este efecto redistributivo, que se ha mantenido en un nivel constante en la mayor parte de los países de la OCDE durante la década de los 2000, ha aumentado en España.
- Pero una menor redistribución debida a las transferencias sociales. En España, las transferencias de la Seguridad Social disminuyen la desigualdad en menor medida que en la media de los países de la OCDE y, además, este impacto ha ido disminuyendo en los últimos años.
Principales recomendaciones sobre políticas para los países de la OCDE contenidas en el informe Divided We Stand
- El empleo es el medio más prometedor de hacer frente a la desigualdad. El mayor reto consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y den a la gente oportunidades reales de superar la pobreza.
- La inversión en capital humano es fundamental. Esa inversión debe comenzar en la primera infancia y mantenerse durante todo el ciclo de la enseñanza obligatoria. Una vez realizada la transición de la escuela al trabajo, deben existir incentivos suficientes para que tanto los empleados como los empresarios inviertan en capacitación a lo largo de la vida laboral.
- La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos.
- La fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora una mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.
- Es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias.
Enlace al resumen sobre España: http://www.oecd.org/dataoecd/51/36/49177772.pdf
Más información sobre el informe completo: http://www.oecd.org/els/social/inequality
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La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, presentarà en roda de premsa el proper dimarts dia 8 les seves propostes en política fiscal així com la quantificació econòmica de les mateixes
A través d’aquestes propostes volem posar de manifest que hi ha marge per augmentar els ingressos públics de manera més justa i equitativa alhora que es podria evitar el desmantellament del nostre estat de benestar. Un desmantellament que s’està duent a terme amb l’excusa de la manca d’ingressos.
Dia i hora: Dimarts 8 de novembre, de 11.30 a 13.00
LLoc: Centre Cívic Pati Llimona (Sala Joan Maragall), carrer Regomir núm.3, Barcelona
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ATTAC-Acordem, 31 octubre 2011
Estamos en un momento clave en la lucha a favor de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Francia y Alemania son los gobiernos que más han presionado para implantar este impuesto a nivel global y a nivel de la UE, aunque al final quedase restringido en el ámbito de la Eurozona. Ello se debe principalmente a que la opinión pública de Alemania y de Francia está mayoritariamente a favor del ITF. En efecto, el interés de Sarkozy y de Merkel por el ITF se explica por esa presión popular que ha sido posible gracias a los esfuerzos de ATTAC Alemania y Francia. El gobierno español actual también apoya el impuesto presionado cada vez más por unas organizaciones de la sociedad civil muy movilizadas a su favor.
La Comisión Europea ha elaborado una propuesta de directiva a favor del ITF con muchos puntos positivos dignos de mención y de apoyo. Establece un impuesto de un 0,1% para las transacciones en acciones y bonos que es el nivel mínimo de impuesto que Attac venía pidiendo. Es positivo también que no se aplique el impuesto en el lugar de la transacción (es decir en Wall Street o en la City), sino en el país de residencia del que hace la transferencia. Es igualmente positivo la inclusión de los productos derivados; la aplicación del impuesto sobre todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y la relativamente rápida aplicación del impuesto prevista para el año 2014, si bien desde ATTAC pedimos la inmediata implantación el impuesto para el 2012, .También es positivo que la Comisión reconozca que es necesario reducir la especulación financiera, siendo este uno de los objetivos de esta Directiva. Todo ello es una gran victoria de la sociedad civil y sus movimientos sociales que hay que celebrar. Y por supuesto de Attac.
No obstante, hay mucho por lo que seguir presionando. El impuesto sobre los productos derivados es solo del 0.01% y debería ser más alto para reducir la especulación y la volatilidad. Pero sobre todo es inadmisible que no se aplique el ITF a las transacciones de divisas, que es un mercado que mueve 4 billones de dólares al día, y que por ser altamente especulativo y tremendamente volátil es enormemente dañino. La Comisión argumenta que gravar estas operaciones supondría infringir el principio de libre circulación de capitales pero desde ATTAC exigimos su control social. Sólo alrededor del 15% de las transacciones de divisas tiene a un agente comercial en la operación, y el resto se realizan entre instituciones financieras por lo que se trata de operaciones meramente especulativas.
Aún con estas a nuestro juicio deficiencias, los países que apoyan el ITF, entre ellos España, están teniendo gran resistencia en el G20 para promover su aplicación. Estados Unidos y Gran Bretaña se oponen porque en su espacio se realizan la mayor parte de las transacciones especulativas mundiales y el lobby que defiende los intereses de las entidades financieras tiene una gran influencia para evitar que sus actividades se vean controladas y tasadas. La resistencia en estos países también es grande porque la opinión pública y la sociedad civil no han logrado presionar a los políticos suficientemente. Pero es también preocupante que los países emergentes se opongan igualmente al ITF (Rusia, China e India se oponen y el Gobierno de Brasil no está haciendo nada para adoptarlo). La razón pudiera ser que sus sistemas financieros están mucho más regulados, y por lo tanto no tienen el gran problema de especulación de los países europeos. No hay que olvidar que tanto Brasil, India como China aplican control de capitales en menor o mayor medida. Precisamente por ello, ATTAC seguirá presionando para que estos países más regulados que se sumen también a la iniciativa.
Ante esta situación, a nivel global, ATTAC España hace un llamamiento a la ciudadanía para intensificar la presión social a favor del ITF, aprovechando el claro apoyo por parte de los indignados del 15M, movimiento que empezó justamente en nuestro país y que se ha propagado por la mayoría de las más importantes capitales del mundo, incluidos los movimientos de Ocupar Wall Street y la City de Londres. ATTAC España ya ha conseguido que el ITF sea una de las demandas clave no sólo de los movimientos sociales, sino de una amplia plataforma de organizaciones sindicales y políticas del país. Ahora hay que hacer que el ITF esté presente en los discursos y en las propuestas para salir de la crisis de todo el planeta: especialmente en Bruselas, en Nueva York y en Londres. El ITF podría ser una de las fundamentales causas que ayudaría a aglutinar y dar mayor cohesión al movimiento 15M, pues es una propuesta que está aceptada por todo el espectro ideológico, desde los comunistas hasta los verdes.
En el ámbito Europeo, la sociedad civil debe aumentar la presión sobre el Gobierno británico, y además seguir manteniendo bajo presión a los gobiernos de Francia y Alemania, y al resto de los países para que apliquen el ITF en la Eurozona. Y al gobierno español especialmente, pues es bien probable que un PP ganador de las elecciones del 20N cambie de postura en relación al impuesto. No se lo podemos permitir. ATTAC España saluda las declaraciones del Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, cuando dijo que si no se puede implantar el ITF a nivel global o de la UE se hará en la Eurozona, para gravar así los movimientos de capitales especulativos que hasta ahora han eludido completamente cualquier fiscalidad.
Junto al apoyo al ITF, ATTAC España considera prioritario movilizar simultáneamente a la sociedad para exigir la clausura de los paraísos fiscales. ATTAC considera que la implantación del ITF y la erradicación de los paraísos fiscales deben ir estrechamente vinculados en las movilizaciones sociales. Frente a quien afirma que la existencia de estos centros extraterritoriales no es relevante para garantizar la efectividad del ITF -ya que la información de las transacciones se podría recabar, en todo caso, a través de las cámaras de compensación existentes en la Eurozona como Clearstream o Euroclear (si la opacidad de estos centros se levanta), ATTAC defiende lo contrario, pues cuando se trata de cámaras de compensación que no están registradas en la Eurozona el problema sigue existiendo. Y en todo caso, la lucha en contra de los paraísos fiscales debe intensificarse pues el objetivo último de ATTAC es combatir la especulación y dificultar el fraude fiscal, y no esos otros objetivos legítimos pero colaterales como son recaudar más para cubrir los déficits estatales, atender necesidades de los países empobrecidos (ODM) o combatir el cambio climático, asuntos todos de relevancia que nadie duda que están en peligro y que podrían atenderse si las recaudaciones del ITF se hicieran efectivas cuanto antes y se destinasen a ello. Pero habida cuenta del volumen de las transacciones especulativas y de los gravísimos daños que causan a la ciudadanía, es obvio que su reducción reportaría un beneficio mucho mayor que el derivado de la simple recaudación del impuesto.
30 de octubre de 2011